El 27 de octubre de 2026 el Consejo General del Poder Judicial actualizó su repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción con las cifras del segundo trimestre de 2026 (abril, mayo y junio). El repositorio, abierto al público desde 2017 y actualizado cada trimestre, recoge las personas acusadas o procesadas, los procedimientos y las sentencias dictadas en causas de corrupción pública: aquellas en las que cargos públicos o funcionarios actúan en el ejercicio de su cargo y hay fondos públicos afectados.
Qué dicen los datos
- 30 personas físicas fueron objeto de un auto de apertura de juicio oral o de procesamiento, en seis procedimientos. Ninguna persona jurídica fue llevada a juicio en el periodo.
- Andalucía concentra 21 de esos 30 procesados, en dos procedimientos. Les siguen Extremadura (4), Madrid (3) y Murcia (2). El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional no registraron ninguno.
- Se dictaron 19 sentencias: 16 condenatorias, total o parcialmente, y 3 absolutorias. La tasa de condena es del 84,2 %.
- De las 19 sentencias, 7 fueron condenas por conformidad, 8 condenas sin conformidad y 1 condena parcial.
- En Andalucía se dictaron 5 sentencias, la cifra más alta: una por conformidad, tres condenatorias sin conformidad y una absolutoria.
El reparto territorial de las sentencias permite matizar las cifras globales:
| Territorio | Condena con conformidad | Condena sin conformidad | Condena parcial | Absolución | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Castilla y León | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Extremadura | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cataluña | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Comunidad Valenciana | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Murcia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Canarias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Audiencia Nacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 8 | 1 | 3 | 19 |
Las tres sentencias de Extremadura fueron condenas por conformidad. Y los 21 procesados andaluces se reparten en solo dos procedimientos: causas con muchos acusados, que suelen ser las más largas de juzgar.
La nota no detalla cuántos casos corresponden a cada delito. El repositorio incluye, entre otros, la prevaricación urbanística (arts. 320 y 322) y la de funcionarios públicos (arts. 404, 405 y 408), la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos (arts. 413 a 418), el cohecho (arts. 419 a 422), el tráfico de influencias (arts. 428 a 430), la malversación (arts. 432 a 435), los fraudes y exacciones ilegales (arts. 436 a 438 bis), las negociaciones prohibidas a funcionarios (arts. 439 a 445) y la corrupción en los negocios del artículo 286 ter del Código Penal.
Las penas de los principales delitos
Estas son las penas básicas que prevé hoy el Código Penal para los delitos más frecuentes del repositorio:
| Delito | Prisión | Inhabilitación |
|---|---|---|
| Prevaricación administrativa (art. 404) | No | 9 a 15 años |
| Cohecho para un acto contrario al cargo (art. 419) | 3 a 6 años | 9 a 12 años |
| Cohecho para un acto propio del cargo (art. 420) | 2 a 4 años | 5 a 9 años |
| Tráfico de influencias por funcionario o particular (arts. 428 y 429) | 6 meses a 2 años | 5 a 9 años (funcionario) |
| Malversación (art. 432.1) | 2 a 6 años | 6 a 10 años |
| Malversación agravada, por ejemplo perjuicio superior a 50.000 euros (art. 432.2) | 4 a 8 años | Absoluta, 10 a 20 años |
| Fraude en la contratación pública (art. 436) | 2 a 6 años | 6 a 10 años |
A estas penas se suman multas y, en su caso, la responsabilidad civil por el dinero público afectado. La malversación por un perjuicio inferior a 4.000 euros tiene una pena atenuada de uno a dos años (art. 432.3). Las empresas también pueden ser condenadas por cohecho o tráfico de influencias (arts. 31 bis, 427 bis y 430), aunque en este trimestre ninguna persona jurídica fue llevada a juicio.
Cómo leer estas cifras
Un auto de apertura de juicio oral no es una condena. Significa que el juez considera que hay indicios suficientes para que el caso se juzgue, y a partir de ahí la acusación debe probar los hechos en el juicio. Las tres absoluciones del trimestre recuerdan que llegar a juicio no equivale a ser culpable.
El repositorio mezcla dos resoluciones distintas. El auto de apertura de juicio oral es propio del procedimiento abreviado y no admite recurso, salvo en lo relativo a la situación personal; la defensa puede reproducir sus peticiones ante el tribunal que juzgue (art. 783.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). El auto de procesamiento es propio del sumario, para delitos con pena superior a nueve años, y sí puede recurrirse en reforma en tres días y en apelación (art. 384). Además, buena parte de estos delitos, como el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación o los fraudes, se juzgan ante un jurado en la Audiencia Provincial, salvo que la causa corresponda a la Audiencia Nacional o a la Fiscalía Europea (art. 1 de la Ley Orgánica 5/1995).
Llama la atención el peso de la conformidad: más de un tercio de las sentencias del trimestre se dictaron con el acuerdo del acusado. En causas largas y con varios acusados, la conformidad puede permitir una rebaja de la petición de pena y cerrar el asunto, pero implica aceptar los hechos y tiene consecuencias en materia de antecedentes, inhabilitaciones y responsabilidad civil. Es una decisión que conviene tomar con toda la información.
Desde la Ley Orgánica 1/2025, la conformidad en el procedimiento abreviado se regula en el artículo 787 ter de la LECrim: se presta antes de la prueba, el juez comprueba que la calificación es correcta y que el acusado acepta libremente, y la sentencia solo puede recurrirse si no respeta los términos del acuerdo. La rebaja automática de un tercio solo existe en los juicios rápidos (art. 801), que no son el cauce habitual de estas causas.
Recuerde también que la reforma que iba a endurecer las penas de estos delitos y ampliar su plazo de prescripción, el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, no llegó a aprobarse y ha caducado con la disolución de las Cortes. Se siguen aplicando las penas y plazos del Código Penal vigente.
Según Legal Today, aquel proyecto elevaba de 15 a 20 años la inhabilitación para contratar con el sector público de las empresas condenadas y endurecía las penas del cohecho, el tráfico de influencias y la malversación. El asunto volverá: la Directiva (UE) 2026/1021, sobre la lucha contra la corrupción, debe estar transpuesta antes del 1 de junio de 2028 y exige, entre otras cosas, elevar a tres años el máximo de prisión del tráfico de influencias. Cualquier endurecimiento futuro no podrá aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor, salvo que favorezca al acusado. Lo explicamos en qué decae con la disolución de las Cortes.
Qué significa si está investigado
Si es usted funcionario, cargo público, empresario que contrata con la Administración o persona próxima a alguno de ellos y ha recibido una citación como investigado en una causa de este tipo, conviene preparar la declaración con tiempo y revisar la documentación antes de comparecer. Encontrará orientación en nuestra guía para quien ha sido citado como investigado, en la de la conformidad y en la página sobre delito fiscal y blanqueo, que con frecuencia acompañan a estas investigaciones.
Fuentes
- Los órganos judiciales españoles procesaron a 30 personas físicas por delitos de corrupción durante el segundo trimestre de 2026 · CGPJ, 27 de octubre de 2026
- Disolución de las Cortes: la agenda anticorrupción decae, pero el reloj europeo sigue corriendo · Legal Today, 12 de octubre de 2026
- Código Penal (texto consolidado) · BOE, consulta 15 de noviembre de 2026
- Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 384, 757, 783, 787 ter y 801 (texto consolidado) · BOE, consulta 16 de noviembre de 2026
- Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, artículo 1 (texto consolidado) · BOE, consulta 16 de noviembre de 2026
Comentario informativo y general, elaborado a partir de las fuentes enlazadas. Las personas investigadas o detenidas se presumen inocentes mientras no exista sentencia firme. No sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.
Dudas sobre corrupción: datos CGPJ 2T 2026
¿Quién juzga los delitos de corrupción?
El cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, los fraudes y exacciones ilegales, las negociaciones prohibidas a funcionarios y la infidelidad en la custodia de documentos corresponden al Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial (artículo 1.2 de la Ley Orgánica 5/1995), salvo que el asunto sea de la Audiencia Nacional o lo haya asumido la Fiscalía Europea. Si el acusado es aforado, juzga el tribunal que corresponda por su aforamiento.
¿Se puede recurrir el auto de apertura de juicio oral?
En el procedimiento abreviado, no, salvo en lo relativo a la situación personal del acusado; las peticiones no atendidas pueden reproducirse ante el tribunal que juzgue (artículo 783.3 LECrim). El auto de procesamiento del sumario sí admite recurso de reforma en tres días y apelación (artículo 384).
Última revisión: 16 de noviembre de 2026. Información general sobre la legislación vigente en España; no sustituye al estudio de su caso concreto.
Para seguir leyendo
