El Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, publicado en el BOE del 6 de octubre de 2026 (BOE-A-2026-20742) y en vigor ese mismo día, disolvió el Congreso y el Senado y convocó elecciones generales para el domingo 29 de noviembre de 2026. Las nuevas Cámaras se constituirán el 23 de diciembre. La campaña electoral comenzó a las cero horas del viernes 13 de noviembre y termina a las veinticuatro horas del viernes 27. La disolución la decreta el Rey a propuesta del presidente del Gobierno (art. 115 de la Constitución).
La disolución tiene una consecuencia directa sobre la legislación penal en preparación. El artículo 207 del Reglamento del Congreso dispone que, disuelta la Cámara, «quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución», salvo los que deba conocer la Diputación Permanente. Según el recuento de Civio citado por la prensa, decaen más de trescientas iniciativas legislativas: Legal Today lo cifra en 309, de las que 89 son proyectos del Gobierno y 220 proposiciones de los grupos. Caducar significa que no se retoman donde se quedaron.
Qué reformas penales se quedan en el camino
- Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (expediente 121/000074). Presentado en el Congreso el 30 de octubre de 2025, pretendía que la instrucción pasara del juez al Ministerio Fiscal, con un juez de garantías, y restringir la acusación popular. Llevaba meses en periodo de enmiendas, con sucesivas ampliaciones, sin ponencia ni dictamen.
- Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Entre otras medidas, endurecía las penas del cohecho, el tráfico de influencias y la malversación, y ampliaba de cinco a siete años la prescripción de los delitos de corrupción.
- Proposición de ley abolicionista de la prostitución, que no llegó a tramitarse.
- Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que acompañaba a la nueva LECrim. Euronews cita también la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
Conviene subrayarlo: ninguno de estos textos llegó a estar vigente. Si el próximo Gobierno quiere retomarlos, tendrá que presentarlos de nuevo y empezar la tramitación desde el principio, con nuevos plazos de enmiendas y debates. Un Gobierno en funciones, además, no puede remitir proyectos de ley a las Cortes.
Qué proponía el proyecto de LECrim y en qué punto estaba
Según Law&Trends, el plazo de enmiendas se abrió el 3 de diciembre de 2025 y a finales de julio de 2026 acumulaba veinticinco ampliaciones. El texto preveía entrar en vigor el 1 de enero de 2028.
Sus piezas principales, siempre según esa fuente, eran tres: la dirección de la investigación por el Ministerio Fiscal, con un juez de garantías que autorizaría las diligencias que afectan a derechos fundamentales; un mandato de cinco años para el fiscal general; y una acusación popular limitada a personas físicas y entidades con un vínculo legítimo con el interés defendido, con un catálogo de delitos que incluía los de corrupción y excluía a partidos, sindicatos y entidades públicas.
| Aspecto | Ley vigente (se sigue aplicando) | Proyecto caducado (nunca estuvo vigente) |
|---|---|---|
| Quién dirige la investigación | El juez de instrucción; el fiscal cesa en sus diligencias en cuanto hay procedimiento judicial (art. 773 LECrim). | El Ministerio Fiscal, bajo el control de un juez de garantías. |
| Plazo de la investigación | Doce meses, prorrogables por periodos de hasta seis mediante auto motivado (art. 324 LECrim). | Régimen nuevo, no aplicable. |
| Acusación popular | Todos los ciudadanos españoles (arts. 101 y 270 LECrim; art. 125 de la Constitución). | Personas físicas y entidades con vínculo legítimo; fuera partidos, sindicatos y entidades públicas. |
| Prescripción de la corrupción | Según la pena máxima de cada delito (art. 131 CP). | El proyecto de integridad pública la elevaba a siete años. |
La ley de integridad pública y el plazo europeo
Legal Today recuerda que el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (expediente 121/000111) fue aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de julio de 2026 y se tramitaba por urgencia. Creaba además una Agencia Independiente de Integridad Pública y ampliaba de 15 a 20 años la prohibición de contratar para empresas condenadas.
El problema, según esa misma publicación, es que España tiene que transponer la Directiva (UE) 2026/1021, de lucha contra la corrupción, antes del 1 de junio de 2028, y que entre sus exigencias figura elevar a tres años la pena máxima del tráfico de influencias. Conviene tener clara una idea: una directiva no crea por sí sola delitos ni penas aplicables a los ciudadanos. Por el artículo 25 de la Constitución, hasta que haya una ley española de transposición nada cambia para quien esté investigado.
¿Puede legislarse en materia penal durante la disolución?
En la práctica, no. Mientras tanto actúa la Diputación Permanente, que puede convalidar decretos-leyes (art. 78 de la Constitución). Pero un decreto-ley no puede afectar a los derechos, deberes y libertades del Título I de la Constitución (art. 86), y las normas que regulan delitos, penas o el proceso penal requieren ley orgánica, aprobada por mayoría absoluta del Congreso en votación final (art. 81). Tras las elecciones, además, el Gobierno cesante queda en funciones y la Ley del Gobierno le impide presentar proyectos de ley (art. 21.5).
Si algún día se aprueba una reforma, las leyes penales que favorezcan al reo tendrán efecto retroactivo y las desfavorables no (art. 2 del Código Penal).
Qué sigue vigente
La caducidad afecta solo a lo que estaba en trámite. Lo ya aprobado y publicado sigue en vigor. Entre las normas penales recientes:
- La reforma de multirreincidencia de 2026, en vigor desde abril.
- La organización en tribunales de instancia y la audiencia preliminar del procedimiento abreviado.
- La Ley Orgánica 4/2026, publicada el 14 de octubre, que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad: fue aprobada por las Cortes antes de la disolución.
Los reales decretos-leyes ya convalidados también mantienen su vigencia, y las iniciativas legislativas populares no caducan, aunque su tramitación pueda retrotraerse.
Qué significa si tiene un asunto penal
Para quien está citado como investigado, es víctima o tiene un juicio pendiente, la conclusión es sencilla: las reglas no cambian. La instrucción la sigue dirigiendo el juez, la acusación popular conserva su régimen actual y los plazos de prescripción de los delitos de corrupción son los del Código Penal vigente. Desconfíe de cualquier consejo que dé por hecha una reforma que no se ha aprobado.
Un error frecuente es dejar correr plazos a la espera de un cambio de modelo: los de recurso, personación o instrucción siguen siendo los de la LECrim vigente, y si su procedimiento lleva tiempo abierto conviene comprobar si se han acordado las prórrogas del artículo 324.
La reforma procesal puede volver en la próxima legislatura, pero hoy es solo una posibilidad política. Si tiene dudas sobre en qué fase está su procedimiento, puede empezar por nuestra guía para quien ha sido citado como investigado o la de acusación particular.
Fuentes
- Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones (BOE-A-2026-20742) · BOE núm. 248, 6 de octubre de 2026
- Reglamento del Congreso de los Diputados, artículo 207 (texto consolidado) · BOE, consulta 15 de noviembre de 2026
- Disolución de las Cortes: la agenda anticorrupción decae, pero el reloj europeo sigue corriendo · Legal Today, 12 de octubre de 2026
- El otro 29-N: las leyes y promesas del Gobierno de coalición que decaen con la convocatoria · Euronews, 8 de octubre de 2026
- Veinticinco prórrogas para enterrar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal · Law&Trends, agosto de 2026
- Constitución Española, artículos 25, 78, 81, 86, 115 y 125 (texto consolidado) · BOE, consulta 16 de noviembre de 2026
- Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 101, 270, 324 y 773 (texto consolidado) · BOE, consulta 16 de noviembre de 2026
- Código Penal, artículos 2 y 131 (texto consolidado) · BOE, consulta 16 de noviembre de 2026
- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, artículo 21 (texto consolidado) · BOE, consulta 16 de noviembre de 2026
Comentario informativo y general, elaborado a partir de las fuentes enlazadas. No sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.
Dudas sobre caduca la reforma de la LECrim
¿Es ya el fiscal quien investiga los delitos?
No. El proyecto de nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que atribuía la instrucción al Ministerio Fiscal, nunca llegó a aprobarse y ha caducado con la disolución de las Cortes. La investigación sigue dirigida por el juez conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente.
¿Se puede aprobar una reforma penal mientras las Cortes están disueltas?
En la práctica, no. Las leyes que regulan delitos y penas o el proceso penal afectan a derechos fundamentales y requieren ley orgánica aprobada por mayoría absoluta del Congreso, y un decreto-ley no puede afectar a los derechos, deberes y libertades del Título I de la Constitución. Habrá que esperar a las nuevas Cámaras.
¿Han cambiado los plazos de prescripción de los delitos de corrupción?
No. La ampliación de cinco a siete años estaba en el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que ha caducado. Siguen aplicándose los plazos del artículo 131 del Código Penal vigente, que dependen de la pena máxima prevista para cada delito.
Última revisión: 16 de noviembre de 2026. Información general sobre la legislación vigente en España; no sustituye al estudio de su caso concreto.
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