Sí. Grabar con el móvil una actuación policial en la calle o en un lugar abierto al público es lícito: la Ley Orgánica 1/1982, de protección del honor, la intimidad y la propia imagen, permite captar la imagen de quienes ejercen un cargo público durante un acto público (artículo 8.2.a). Lo que la Ley de Seguridad Ciudadana sanciona como infracción grave, con multa de 601 a 30.000 euros, es el uso de imágenes o datos de los agentes que pueda poner en peligro su seguridad o la de sus familias, de instalaciones protegidas o el éxito de una operación (artículo 36.23). Y siempre con un límite: grabar no puede servir para impedir que los agentes actúen.
Grabar, difundir y obstaculizar no son lo mismo
| Conducta | Consecuencia | Norma |
|---|---|---|
| Grabar a distancia una intervención en la vía pública | Lícito | Art. 8.2.a LO 1/1982 |
| Publicar el vídeo sin riesgo para los agentes ni para la operación | En principio lícito, con respeto al derecho a la información | Art. 36.23 LO 4/2015 |
| Difundir imágenes que pongan en peligro a los agentes o una operación | Infracción grave: 601 a 30.000 € | Art. 36.23 LO 4/2015 |
| Ponerse encima, interponerse o no apartarse cuando se le ordena | Infracción grave por desobediencia o, si es grave, delito | Art. 36.6 LO 4/2015 y art. 556 CP |
| Grabar a agentes que necesitan anonimato (unidades encubiertas) | La excepción de la LO 1/1982 no se aplica | Art. 8.2, último párrafo, LO 1/1982 |
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 172/2020, de 19 de noviembre, declaró inconstitucional y nulo el inciso «no autorizado» del artículo 36.23 y mantuvo el resto del apartado con la interpretación que fija en esa sentencia: lo sancionable no es grabar o usar las imágenes sin permiso, sino usarlas de forma que pueda poner en peligro la seguridad de los agentes o de sus familias, de instalaciones protegidas o el éxito de una operación. Captar y difundir imágenes de una actuación policial puede formar parte del ejercicio de la libertad de información, que el propio precepto obliga a respetar.
Por qué su grabación puede ser decisiva
En muchos procedimientos por atentado o resistencia, o en los que se discute si una detención fue proporcionada, la única versión es la del atestado. Un vídeo grabado por un testigo puede confirmar o desmentir lo que dicen los agentes. Por eso merece la pena conservarlo bien. La guía sobre el atestado policial explica cómo se impugna, y la página sobre atentado y resistencia a agentes muestra cuándo un forcejeo pasa a ser delito.
- Grabe desde una distancia prudente, sin interferir y sin acercar el teléfono a la cara de los agentes.
- No edite el archivo original. Haga copias y guarde el original con sus metadatos de fecha, hora y ubicación.
- Anote quién grababa y quién estaba presente, por si hace falta su testimonio.
- Entréguelo a un abogado antes de publicarlo si hay o puede haber un procedimiento.
Si un agente le pide que deje de grabar o que borre el vídeo: mantenga la calma, explique que está en la vía pública y no interfiere. No está obligado a borrar el contenido. Si le ordenan apartarse, hágalo: desobedecer una orden legítima de distancia puede ser sancionado aunque grabar sea lícito. Si le retienen el teléfono, pida que se refleje en un acta.
Una detención en el paseo marítimo de Torremolinos
Una noche de agosto, la Policía Local detiene a un joven tras una pelea en el paseo marítimo de Torremolinos. Una testigo graba desde unos diez metros los dos minutos de la intervención. El atestado dice que el detenido lanzó un puñetazo a un agente; en el vídeo se ve que levantó el brazo para protegerse al ser empujado contra una barandilla. La testigo no lo publica: se lo entrega a la defensa, que lo aporta al juzgado de guardia junto con su identificación como testigo. En el juicio por atentado, la grabación lleva a la acusación a retirar el atentado y el joven evita una condena de prisión. Lo que quedaba, unas palabras gruesas a los agentes, no es delito: el artículo 556.2 del Código Penal solo protege a la autoridad, y la falta de respeto a sus agentes es una infracción leve del artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015. Si la testigo hubiera subido el vídeo con las caras y las placas visibles, comentando dónde vivía uno de los agentes, se habría expuesto a la sanción del artículo 36.23.
Grabar dentro de comisarías y en controles
Las dependencias policiales no son lugares abiertos al público como la calle, y pueden tener normas de acceso y de seguridad. Grabar dentro de una comisaría o de un calabozo puede encontrarse con restricciones legítimas. En un control de tráfico o de identificación en la vía pública rige la regla general: puede grabar, sin interferir y obedeciendo las órdenes de seguridad. Si le piden el teléfono para revisarlo, tenga presente que el acceso a su contenido necesita su consentimiento o autorización judicial, como explica la guía del registro del móvil.
Si tiene una grabación de una detención o de una intervención policial que puede ser relevante en un procedimiento, contacte con el despacho para valorarla y aportarla en el momento adecuado. Para detenidos, la guardia 24 horas cubre Málaga y la Costa del Sol.
Otras dudas sobre grabar a la policía
¿Pueden quitarme el móvil por grabar?
Grabar no es motivo para intervenir su teléfono. Otra cosa es que la grabación recoja un delito y se considere prueba; aun así, acceder a su contenido requiere su consentimiento o autorización judicial. Si se lo retienen, pida que conste en un acta.
¿Puedo subir el vídeo a redes si pixelo las caras?
Pixelar las caras y otros datos identificativos reduce mucho el riesgo de la sanción del artículo 36.23, que se centra en el peligro para los agentes o para una operación. Antes de publicar, piense si el vídeo es prueba en un procedimiento: puede ser más útil entregarlo al abogado que difundirlo.
¿Sirve mi grabación como prueba en un juicio?
Sí. Una grabación hecha en un lugar público por quien presencia los hechos es un medio de prueba. Conviene conservar el archivo original, sin editar, con sus metadatos, y aportarlo cuanto antes.
Última revisión: 6 de noviembre de 2026. Información general sobre la legislación vigente en España; no sustituye al estudio de su caso concreto.
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